El Estado, de acuerdo con la legislación básica sectorial, Ley 43/2003 de Montes y sus sucesivas modificaciones, es competente en la representación internacional de España en materia forestal, y en colaboración con las comunidades autónomas, en la definición de los objetivos generales de la política forestal española y directrices básicas de gestión forestal sostenible y juega un papel muy relevante en otras materias como en la información forestal española, en incendios forestales, sanidad y recursos genéticos forestales, así como en el fomento de la investigación e innovación tecnológica